UNA BATALLA
CONTRA LA INFAMIA
14-02-13
El
Estado no puede exigir rendición alguna de cuentas de recursos que no han sido desembolsados.
Esta
verdad cristalina puede ser comprendida por un niño de 8 años e incluso por un
minusválido, pero no es entendida por la Contraloría General del Señor Gabriel Herbas.
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Hemos realizado este
trabajo de análisis de los cargos levantados arbitraria y falsamente contra mi
persona por parte de la Contraloría General del Estado, exonerando criminalmente a
los verdaderos y únicos responsables de los manejos arbitrarios de los recursos
de la UPEA , el señor Javier
Sebastián Tito Espinoza y el Sr, Mario Virreira, el primero,
actualmente alto funcionario del Ministerio de Descolonización y el segundo
Ministro de Minería del Estado Plurinacional.
Sin el menor
conocimiento, los auditores y los asesores legales, falseando fechas y
documentos intentan inculpar civilmente a mi persona que, como todo el mundo
conoce, jamás fue reconocido como Rector Autonomista de la UPEA y por lo mismo jamás tuvo cuenta
fiscal, jamás se reconoció mi firma ante el sistema bancario para cobrar las
cuentas correspondientes de la UPEA y menos hacer las retenciones de los
aportes de los trabajadores para las FPS, omisión que correspondía a los
rectores reconocidos por el Gobierno y que efectivamente manejaron sus fondos y
saquearon vilmente a la UPEA. Esos señores, como tenemos indicado, son
precisamente Javier Tito Espinoza y Mario Virreira.
En ese sentido,
hemos recibido una notificación personal de la Contraloría del Estado con una Auditoría Especial
de Gastos 2005 y pagos efectuados en las gestiones 2004 al 2008 por juicios
laborales en contra de la UPEA. (Informe No. GL/EP12/L07 R4, seguido
de un informe complementario No. GL/EP12/L07 C4).
El título mismo de la Auditoria 2004 y 2005-2008, resulta siendo
impertinente en cuanto a mis gestiones parciales de 2002 y 2003. Empero este es
un simple detalle frente a las anomalías que iré relatando.
Los señores
auditores no se han enterado, por lo menos por la prensa que siguió
pormenorizadamente la lucha autonomista de UPEA contra el
Gobierno neoliberal de Sánchez Lozada. (Subrayado autonomista porque los
auditores y abogados de Contraloría la consideran Anti-autonomista). No se han
enterado, lamentablemente que mi gestión como rector en las fechas
indicadas no fue nunca reconocida por el gobierno de entonces y que los recursos de la UPEA fueron entregados a manos llenas al
Señor Javier Sebastián Tito Espinoza que, según el Gobierno de
entonces, el CEUB, y todas las autoridades, seguía siendo el Rector
legal de la UPEA.
Paso a fundamentar
mi denuncia frente al atentado criminal que se pretende cometer contra mi
persona como el Primer Rector Autonomista de la historia de la UPEA y
con la “responsabilidad” de $ 72 333 (Setenta y dos mil trescientos treinta y
tres dólares americanos), por una “omisión” inventada por Contraloría.
Mi designación fue
el resultado de una verdadera insurrección de los
estudiantes, docentes y trabajadores administrativos que expulsaron
violenta y vergonzosamente a los Srs. Javier Sebastián Tito Espinoza y su
Vice-Rector Chipana, por sus flagrantes delitos y corrupción
evidentes. Tito llegó a ser detenido y encarcelado. He aquí el testimonio del
Director Jurídico de la UPEA :
“Mi persona como
Director Jurídico y el señor Rector iniciamos acción penal por delitos de
peculado y otros contra el señor ex Rector Javier Sebastián Tito Espinoza,
hasta lograr su acusación y posteriormente su detención en el Panóptico
Nacional de San Pedro, lamentablemente fui destituido y no sé cómo terminó ese
proceso penal.”(Testimonio del Dr. José Antonio Núñez
Velásquez, cursante en Auditoria de Contraloría)
El “Informe”
preliminar livianamente dice que: «Una vez exonerado el Sr. Tito,
por Resolución 019/2002 del 17 de julio (El
CDI, NO tiene esas atribuciones lo cual y por lo mismo es ilegal), quedando
acéfalo el cargo hasta la designación de Jorge Echazu Alvarado el 14 de
septiembre de 2002 (Tampoco tenía el CDI atribución alguna para
designar autoridades en la UPEA )». Mi
designación provino de una Gran Asamblea General de la UPEA de
conformidad con las disposiciones de la Constitución Política del Estado- Art. 185.
Lo que no dice el
informe es que mi designación provino también y por presión universitaria, de
una determinación del CDI (Consejo de Desarrollo Institucional), que era
solamente una instancia fiscalizadora de la UPEA creada por la Ley 2115; determinación que nunca fue
reconocida por el Gobierno del MNR.
Los fondos del
Presupuesto General de la Nación destinados a la UPEA no
fueron entregados JAMÁS a mi persona, precisamente por el DESCONOCIMIENTO A MI RECTORÍA, que
resultó siendo “revolucionaria” y “autonomista” y de
“facto”.Las cuentas fiscales bancarias de la UPEA nunca estuvieron consignadas a mi
nombre y mi persona jamás recibió reconocimiento de mi firma, como probaremos
abundantemente más adelante.
El “informe” de
Auditoria, por irrisorio no necesita ningún DESCARGO,
porque yo no he recibido como Rector “revolucionario” un solo centavo y todas
las manifestaciones irresponsables del “informe” nos demuestran que los datos
que se manejan con tanta ligereza son falsos de toda falsedad.
Los errores del
informe iniciales son:
1. La primera gestión
“de facto” fue del 14 de septiembre al 14 de diciembre del 2002 y no así, de julio a diciembre de ese año, como
expresa falsamente el informe.
2. La segunda gestión
del 2003, también de facto aunque producto de una elección democrática
desconocida por el Gobierno) fue del 1º. de marzo a noviembre 04 (fecha
de mi renuncia) y no así de enero a abril y de junio a septiembre,
como igualmente expresa falsamente el informe. ¡Todo falso!
Estos errores
garrafales que alteran toda conclusión, demuestran la poca seriedad del informe
que sigue en la forma más irresponsable sosteniendo:
«Por
lo expuesto, se establece que Jorge Echazú Alvarado, Rector de la UPEA no
dio cumplimiento al pago mensual de contribuciones a los trabajadores de la Universidad Pública de El Alto, omisión que ha generado
recargos adicionales al pago de contribuciones a las AFPs, causando daño
económico el Estado, por el incumplimiento a deberes formales establecidos en
la demanda judicial interpuesta por la AFP Futuro de Bolivia S.A. por el importe de bs.
582 276 equivalentes a $ 72 333»
Y a continuación en
las conclusiones inc. b) se dice:
Jorge
Echazú Alvarado en el ejercicio de las funciones de rector de la UPEA , por Bs. 582 276, equivalentes a dólares
americanos 72 333.
Por su parte el
también irrisorio Informe Legal que se respalda en los informes técnicos sin
revisarlos, agrega:
«Que
el cumplimiento del pago de cotizaciones y otros a la Administración de Fondos de Pensiones AFP- Futuro de
Bolivia , dio lugar a que se generen importes por recargos, gastos judiciales y
administrativos, expresados en los cuadros del informe preliminar de auditoría,
toda vez que Jorge Echazú Alvarado, Rector de la UPEA no dio cumplimiento al pago mensual de
contribuciones de los trabajadores de la UPEA , omisión que ha generado
recargos adicionales al pago de contribuciones a las AFPs, causando daño
económico al Estado por las gestiones de julio a diciembre 2002 y de enero a
abril y junio a septiembre de 2003, por el importe de bs. 582 276 equivalentes
a SUS 72. 333.»
Tanto los informes
preliminar y complementario, cuanto el informe legal son completamente falsos
de toda falsedad, irresponsables y lindantes con lo delictivo por las
falsedades que contiene.
Para conocimiento de
los auditores, los Lics. Juan Ordoñez Daza, Jaime P. Gutiérrez Guzmán y Julieta
Nina Suárez, y los Drs. Vivian Chacón Auzza, Marco Alborta Valda y
Daniel Pérez Orruel, quisiera hacer un punteo muy rápido para que
comprendan el carácter de la lucha de una Universidad que por determinaciones
autoritarias e ilegales del Gobierno de Sánchez Lozada fue reconocida como
Universidad PUBLICA PERO SIN AUTONOMÍA, LO CUAL VIOLENTÓ EL ART.
185, parágrafo 2o. de la Constitución Política del Estado anterior que
otorga la autonomía juntamente con su condición dePÚBLICA.
Lo más vergonzoso
del “informe” de “auditoría” es que califica sistemáticamente nuestra lucha por
la autonomía universitaria de UPEA, como una lucha ANTI-AUTONOMISTA. Es
éste, no un lapsus que podría pasarse por alto, empero su reiteración denota
una ignorancia que no tiene nombre. En fin…
En esta virtud, en
cuanto se refiere a mi primea gestión (de 14-09-02 a 14-12-02), un Acuerdo
Institucional dio curso a la Resolución 021/02 de 9 de octubre de 2002 del
Consejo de Desarrollo Institucional, por la que se organiza la Comisión transitoria
que posibilitará el descongelamiento de cuentas de la UPEA , en favor de
Juan Melendres, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR); el
Secretario de la Federación de Gremiales, Juan
Escobar y el representante de la Iglesia , padre Tomás
Cornejo. La Comisión de
Notables conformada por los representantes de la APDHB , Sacha
Llorenti y el Defensor del Pueblo Gonzalo Párraga,
avalaron esta determinación del CDI. En cuanto se refiere a la intervención de la Iglesia católica,
los sacerdotes Jesús Juárez, Obispo, y José Subirats tuvieron
intervención en esos acuerdos.
«La Comisión deberá administrar los recursos, lo
que implica cancelar los servicios básicos, energía eléctrica, agua y teléfono,
y otros gastos administrativos debidamente justificados y pagar los salarios a
todos los docentes y administrativos, incluidos los contratados por anteriores
gestiones, previa justificación de las labores desempeñadas». (El Alteño, 10 de octubre-02. Pág. 4.)
En cumplimiento del
Acuerdo Institucional de 9 de octubre 2002, «la Comisión Transitoria se encargará de los recursos, ante los
Ministerios de Trabajo, Hacienda y Educación, de este modo quedan habilitadas
las firmas del secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) Juan Melendres, del
representante de los gremialistas Juan Escobar, mientras que la contrafirma
estará a cargo de Rafael Flores, Director Financiero-Administrativo de la UPEA ». (El Alteño, 19 de octubre de 2002. Pág. 8.)
El director
Financiero Administrativo Rafael Flores denunció la desaparición de Bs.
825 000 con el cheque No. 00001772,correspondiente al mes de junio 2002, es
decir antes de la expulsión violenta de las autoridades desconocidas y el
inicio del conflicto, dinero que no figura en el libro de cuentas ni en el
registro diario de ingresos. En esa misma fecha el Alteño informa que la
defensora del Pueblo, Ana María de Romero y el Dr. Waldo Albarracín Presidente
de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, abandonaron la
reunión de institucionalización de la UPEA por la intransigencia de los líderes
sindicales, (El Alteño, 6 de noviembre de 2002.)
Todos estos datos
que deben ser autenticados y certificados por los personeros de gobierno de esa
época y particularmente por Contraloría General del Estado, prueban del modo
más fehaciente que mi “autoridad” reconocida solamente por el CDI y la
comunidad universitaria en su inmensa mayoría, no manejó jamás cuenta alguna de la UPEA , las mismas que fueron manejadas por el CDI
en 2002 y en el 2003, además por el Lic. Rafael Flores, director Administrativo
y Financiero de la UPEA.
La falsa “auditoria”
sostiene ridículamente que era el CDI (Consejo de Desarrollo Institucional), el
que tenía como atribución la designación de autoridades
universitarias de UPEA. ¡¡Completamente falso!! El CDI era un
organismo solamente fiscalizador de la UPEA (Art. 2º. Parágrafo III. Y
sus tres incisos. Ley 2115 de 5 de septiembre de 2000).
Por lo mismo si bien el reconocimiento de
mi autoridad por parte del CDI, implicaba un reconocimiento extraoficial,
simbólico y académico, no constituía un reconocimiento oficial con atribución
de manejo de cuentas de UPEA, todo lo que ya había sido adjudicado al Señor
Tito Espinoza. Por lo mismo, esto corrobora mi versión en el sentido de no
haber recibido ningún recurso público de las cuentas de la UPEA.
En cuanto se refiere
a mi segunda “gestión” (1º. De abril- noviembre-04-2003) que igualmente fue
desconocida está vez incluso por el CDI y el Gobierno del MNR de Sánchez Lozada
y que fuera producto de una elección universal en la comunidad universitaria
alteña, se debe considerar la postura oficial del Ministerio de
Educación a cargo del Sr. Hugo Carvajal Donoso, que en fecha 31 de
marzo de 2003, certifica que el Dr. Echazú no es el rector de la UPEA y
que el Rector legal y titular es el Señor Javier Tito Espinoza. Se
pidió Ministerio de Educación una certificación de esa determinación
ministerial, sin embargo misteriosamente esa resolución se ha extraviado o ha
sido destruida y en consecuencia me ha sido negada. (En mis “descargos” consta
el documento del Min. Educación al que hago referencia y que no fue considerado
en el Informe preliminar y menos en el complementario y por el contrario fue
RECHAZADO sin ningún argumento y que adicionalmente Contraloría se niega a
devolverme)
Las cuentas
bancarias de la UPEA durante todo el año de 2003, que
oficialmente aparecían congeladas, (y que recién fueron real y
oficialmente descongeladas cuando se dictó la Ley 2556 de autonomía), sin embargo
subrepticiamente se descongelaban periódicamente en favor de Tito Espinoza
cuando ese señor lo solicitaba (El Diario, 24 de abril de 2003), es
decir que mientras mi autoridad era elegido rector autonomista en el Claustro
Universitario y posesionado el 1o, de Abril, las cuentas de la UPEA eran
abiertas para el señor Tito con el siguiente detalle:
“Cuatro cheques que
suman 5 607 570 bs. Lo prueban los extractos de cuentas fiscales
201-3714181 del
Banco de Crédito, el primer desembolso de 1 600 000 bs. Mediante cheque
00002151 fue librado el 28 de febrero de 2003, el segundo de bs. 2 000 000
mediante cheque 00002152 correspondiente al 6 de marzo y otro desembolso de bs.
2 000 000, con
cheque 0002153 y finalmente un cuatro cheque de 7 570 000 bs., mediante cheque
0001840 del 11 de marzo del mismo año”. (“La Prensa ”, 29 de abril de
2003. “Lupe Cajías investigará corrupción en la UPEA ”. “El Diario” 29 de abril de 2003).
Además tenemos la
siguiente declaración del señor Ministro de Educación Hugo Carvajal
Donoso que indica:
“El TGN ya entregó
18.6 millones de bolivianos al sector de Javier Tito”. (“El Alteño, 30 de julio
de 2003”.
Si el señor Tito
recibió oficialmente estos ingentes recursos, preguntamos a la famosa
Contraloría: ¿Cuáles han sido los recursos asignados al Dr. Echazú, en su
condición de Rector autonomista?, pues NINGÚN RECURSO. Estos
desembolsos se pueden fácil y claramente certificarse con documentación del
Banco de Crédito y necesariamente hicieron figurar en la llamada falsamente
“Auditoria” de la Contraloría.
El cargo principal
contra mi persona se refiere concretamente a la presunta “omisión” de mi parte
de no haber hecho la retención mensual de los fondos de cada
trabajador a favor de las AFPs, tanto en 2002 (seis meses, cuando en realidad
fueron tres meses además desconocidos) como en 2003 (nueve meses).
El Informe Legal
dice que mi gestión se extendió de julio a diciembre de 2002. ¡Falso! Mi gestión revolucionaria duró de
14 de septiembre a 14 de diciembre, oportunidad ésta en
que recién se descongelaron las cuentas de la UPEA a nombre del CDI. En esas circunstancias, ¿cómo podría yo ordenar retención alguna
mensual? Naturalmente el asesor legal despistado no leyó mi “descargo”
aclarando estos hechos.
En cuanto a los
nueve meses de 2003, las cuentas de la UPEA estaban consignadas a nombre del
“rector” Tito Espinoza y jamás fueron consignadas a mi nombre. Otra prueba
está en que recién en 2004, en la rectoría legal de Mario Virreira se
descongelaron esas cuentas precisamente a esa autoridad que procedió a cancelar
los salarios devengados de los nueve meses como consta en las papeletas.
(Papeletas de pago de abril, mayo y junio de 2003, cancelados en fecha 08 de
noviembre de 2004)
Si bien en la
gestión 2002 existe alguna confusión por el hecho de figurar mi nombre en las
planillas de pago y en las papeletas de pago de los tres meses, que como
indicaba recién se cancelaron el 17 de diciembre, precisamente cuando concluyó
mi gestión un 14 de diciembre; en cuanto se refiere al año 2003, NO HAY
NINGUNA CONFUSION PORQUE RECIÉN EN 2004 SE DESCONGELARON LAS CUENTAS A FAVOR DE
VIRREIRA.
El Director Jurídico
de Virreira señala:
“La Contraloría General de la República en
un informe de recomendaciones emergentes del Informe especial sobre procesos de
adquisición de bienes y contratación de servicios y personal por el periodo
comprendido entre el 15 de septiembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001,
observa graves fallas en la UPEA que naturalmente nunca fueron
rectificadas ni menos se hizo caso a dicho informe (adjunto como prueba a
efectum videmdum por no contar con originales que seguramente se encuentran en la Contraloría General del Estado).
Sigue el testimonio
del asesor jurídico de Virreina, que ya lo transcribimos líneas arriba, pero
que lo volvemos a mencionar para la menguada compresión de algunas autoridades.
“Mi
persona como Director Jurídico y el señor Rector (Virreina) iniciamos acción
penal contra el señor ex Rector Javier Sebastián Tito Espinoza, hasta lograr su
acusación y posteriormente su detención en el Panóptico Nacional de San Pedro,
lamentablemente fui destituido y no sé cómo termino ese proceso penal”
Cabe insistir que
durante todo el año 2003, las cuentas de la UPEA estuvieron congeladas para nosotros,
pero estaban descongeladas para el señor Tito como hemos probado líneas arriba
con las fechas de los cheques y sus numeraciones durante esa gestión, empero en el
famoso informe no figura por ninguna parte la responsabilidad del señor Javier Tito.
¿Puede existir una
infamia semejante en mi contra?
Por otro lado
tenemos las planillas de pago por mis salarios de Rector desconocido de la Universidad (julio a octubre de 2003, por bs. 9
668.35, mensuales, con una retención de bs. 1 509.77 para las AFPs). Esas
planillas y las papeletas de pago por todo el año de 2003 en mi gestión recién
fueron canceladas en 2004 por el Rector titular Mario Virreira que resulta
siendo el responsable de remitir a las AFPs, los recursos
correspondientes. Entonces, ¿cómo es posible que se me
responsabilice de una “omisión” de retención mensual y de no hacer cumplir el
pago de los fondos retenidos, si recién en 2004, fui reconocido (ex-post) como
Rector por cuanto recién se me cancelaron los haberes atrasados?
Finalmente como
prueba de descargo, tenemos la Auditoría Interna que elaboró la UPEA en
torno a mis sueldos deseptiembre-diciembre 2002 y abril-octubre
– 2003, que resultaban siendo incompatibles con mi pensión jubilatoria que
me canceló el SENASIR por esos mismos meses. La explicación correspondiente
consistía en que esos pagos no fueron simultáneos y cuando se
produjo la superposición, se llegó a un acuerdo con SENASIR para hacer los
descuentos correspondientes a esos meses que resultaban duplicados, lo que se
cumplió rigurosamente.
¡¡Esta constatación demuestra de modo
irrefutable que si no recibía ni siquiera mi salario como Rector durante 8
meses, cómo iba a ordenar descuentos a los trabajadores!!
¡¡Más claro que esto es imposible!!
Resulta pues,
irrisorio que se pretenda cargar sobre las espaldas del autor de la Autonomía e la institucionalización de la UPEA , las irregularidades en el manejo de las
cuentas universitarias, primero por parte de Tito Espinoza (2002) y después por
parte de Mario Virreira (2003).
El nombrado Director
Jurídico de Virreina, el Dr. Núñez Velásquez finalmente señala:
“En
última instancia se tendría que responsabilizar a todos por
estos actos y curiosamente el responsable principal ex Rector Javier Tito
Espinoza que no pagó los aportes, ahora resulta limpio de polvo y paja” (citado por el Informe de la Contraloría )
Es realmente muy
curioso, curiosísimo, que el señor Javier Sebastián Tito Espinoza, citado
insistentemente por todos los informes, recibiendo oficial y sistemáticamente
todos los recursos del TGN y reconocido expresamente por el Gobierno, resulte
siendo TOTALMENTE IGNORADO POR EL FAMOSO INFORME DE CONTRALORÍA.
Aquí ocurre un caso
clarísimo de ENCUBRIMIENTO CRIMINAL (art. 171 del
Código Penal) del verdadero responsable de todos los daños ocasionados
a la UPEA. Teniéndose como si hiciera falta, el antecedente
de la acusación comprobada de la comisión del delito de peculado y su reclusión
en San Pedro. ¡Nada de eso tiene valor para la Contraloría !!
(El art. 171 del
Código Penal:
“El que después de
haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a
eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el
hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de seis
meses a dos años”).
Finalmente hago referencia
a un ACUERDO DE CONCILIACIÓN DE DEUDAS AL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO suscrito
por Futuro de Bolivia, La Universidad Pública del El Alto y el Sr. Mario Virreira de
11 de febrero de 2011 años ante Notario Público, cuya copia legalizada fue
presentada a la Contraloría por el Sr. Virreira, razón por la cual
dicho señor fue excluido de responsabilidad alguna, estableciéndose que NO HUBO
DAÑO ALGUNO AL ESTADO y ha hecho posible su designación como Ministro de
Estado. Incluso ese Acuerdo conciliatorio, debiera favorecerme, en último caso,
empero ni eso tiene valor para Contraloría que insiste machaconamente en
responsabilizar al inocente y proteger y ENCUBRIR A LOS DELINCUENTES.
Es pues, como se puede evidenciar, una
gran infamia POLITICA LA QUE SE ESTÁ GESTANDO CONTRA MI PERSONA, en la
forma más ladina y más delincuencial.
En el presente me
encuentro en la condición de INDEFENSIÓN, pues todos mis alegatos,
todos mis argumentos, todos los documentos no son tomados en cuenta ni
siquiera como indicios que en cantidad pueden constituir plena prueba-
Por ejemplo, se pide
una información del Banco de Crédito, que certifica que efectivamente se inició
de nuestra parte un trámite para el reconocimiento de firmas para la
acreditación a mi nombre de las cuentas de UPEA. EMPERO ESE TRÁMITE QUEDÓ
ANULADO POR ORDEN SUPERIOR y, en consecuencia, reiteramos, jamás se
desembolsaron recursos a mi nombre. Nada de eso fue considerado por Contraloría
General en un claro intento de encubrir a los verdaderos desfalcadores de UPEA.
Los sistemáticos rechazos de plano de mi defensa, demuestran la mala fe con la
que ha actuado la Contraloría.
En consecuencia me
veré obligado a hacer pública mi denuncia en todas las instancias que se me
permitan, incluso ya denuncie ante el propio señor Presidente del Estado,
simplemente para su conocimiento de las irregularidades cometidas contra mi
persona y de ninguna manera para pedir una “intervención” que es impertinente y
que no corresponde. Solamente pretendo que esa suprema autoridad este enterada
de este ingrato problema.
En última instancia
tendré que recurrir a los tribunales ordinarios en la vía criminal para probar
mi inocencia plena y la CULPABILIDAD DE PERSONEROS DEL ACTUAL GOBIERNO QUE
GOZAN DE TODOS LOS PRIVILEGIOS.
Mi lucha por el esclarecimiento
pleno de todo lo que se refiere a la economía de la Universidad Pública y Autónoma de El Alto, a la que
considero “mi” Universidad, tiene por objeto restablecer la verdad histórica de
las jornadas heroicas que hicieron posible la derrota del neoliberalismo y el
inicio de un proceso de cambio que todos los revolucionarios anhelamos tenga
una continuación profundizada para bien de los pueblos bolivianos oprimidos y
sus clase proletarias explotadas.
Dr. JORGE ECHAZÚ
ALVARADO
Primer rector Autonomista
de la UPEA (Desconocido por el Gobierno)
Dirigente político
marxista-leninista.
Fundador de la
primera Carrera de Ciencias Políticas en Bolivia.
Director de la Carrera de
Ciencias Políticas de la UMSA en dos gestiones.
Decano Interino de la Facultad de
Derecho de la UMSA.
www.maoistasbolivianos
C.I. 10002356-
Chuquisaca.
Tel. 2-72-14-23.
UNA BATALLA CONTRA LA INFAMIA
(Dos)
20-02-13
Una
vez probada abundantemente nuestra total y absoluta inocencia frente a la
calumniosa imputación hecha por Contraloría General del Estado por parte de Sr.
Gabriel Herbas, de la forma más irresponsable, nos toca ahora dejar
definitivamente la DEFENSA
y pasar a la contraofensiva.
Esto
significa que no solamente se trata de dejar sin efecto todas las consecuencias
de una fraudulenta auditoria, se trata ahora de desenmascarar el cúmulo de
delitos que se han cometido como consecuencia del ataque innoble en contra del
ex-Rector autonomista de la
UPEA.
En
primer lugar se puede constatar muy claramente que se ha cometido y se sigue
cometiendo por parte del
Sr. GABRIEL Herbas, el delito continuado de ENCUBRIMIENTO de los señores Javier
Tito Espinoza y Mario Virreina, al no realizarse la Auditoria General
de los períodos caóticos de 2001, 2002 y 2003, que tuvo que pasar la UPEA a cargo de un “rector”
delincuencial que ya tuvo que pagar con la cárcel el delito de peculado incoado
por la UPEA y
por otro “rector” interventor en violación de la Autonomía Universitaria
ya declarada por Ley 2556.
Este
no es un delito de poca monta; según las propias autoridades nacionales de la
época, en concreto del ex ministro Hugo Carvajal Donoso, actualmente prófugo de
la justicia, se asignaron, (la declaración pública del Ministerio de Educación
consta en “El Alteño, 30 de julio de 29003) por parte del TGN, 18.6 millones de
bolivianos anuales en favor de Javier Sebastián Tito Espinoza. Al respecto
hemos solicitado una certificación legalizada del Banco de Crédito de las
personas que tenían a su cargo las cuentas fiscales de la UPEA en los períodos
señalados. El Banco de Crédito nos ha ofrecido brindar esa certificación en el
plazo de dos semanas y como consecuencia de una orden emanada del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Como
“rector” titular de la UPEA ,
sin título académico y con uno fraguado y luego anulado por el Ministerio de
Educación todo a su tiempo, el señor Tito no solamente que no aparece por
ningún lado en las auditorias fraudulentas de Contraloría, sino que es premiado
con un alto cargo en el Viceministerio de Descolonización.
Contraloría
General del Estado Plurinacional no ha movido un solo dedo teniendo todos los
documentos y antecedentes en su poder, para iniciar dichas auditorias por
omisiones y acciones delincuenciales del Sr. Tito. En consecuencia hemos
decidido iniciar las acciones penales contra el señor GABRIEL HERBAS POR EL DELITO DE
ENCUBRIMIENTO SANCIONADO POR EL ART. 171 DEL CODIGO PENAL.
Esta
cuestión de gran magnitud, será seguida por nosotros hasta sus últimas
consecuencias.
Otra
cuestión importante es aquel Acuerdo de Conciliación de Cuentas de la UPEA , con Futuro de Bolivia y
el Sr. Mario Virreira, que igualmente ha causado graves daños económicos a la UPEA y por consiguiente al
Estado.
Seguiremos
en la brecha hasta poner a la luz del sol todos estos graves hechos delictuosos
que pretenden ser encubiertos echando la culpa a los inocentes luchadores
verdaderos por la autonomía de la
UPEA , la defensa del gas y el derrocamiento del
neoliberalismo de Sánchez Lozada en la jornadas heroicas de octubre de 2003.
Jorge Echazú Alvarado
Primer Rector Autonomista de la UPEA.
PCmlm.